Decisiones.- En la administración pública, uno de los graves errores que pueden cometerse es tomar decisiones arrebatadas para determinar temas estratégicos, en donde los tomadores de decisión en un afán de imponer «su determinación» terminan por afectar a largo plazo dichas áreas. Por ende, si bien uno de los postulados del discurso político para la administración federal actual ha sido el combate a la corrupción, dicha estrategia ha sido carente de fundamento técnico en una gran cantidad de casos, por lo que minimiza los avances que se puedan obtener al no permitir el análisis de los claroscuros.
Lo anterior viene a colación por la decisión tomada en la cámara alta el pasado 21 de octubre con la eliminación de 109 fideicomisos que representan la suma aproximada de 68 mil millones de pesos, para migrarlos a las arcas de la Secretaría de Hacienda, lo cual representa irse al fondo común del ejercicio del gasto público federal.
Entre ese listado de fideicomisos se encuentra uno que es de enorme relevancia, responde al Fondo para el Cambio Climático, el cual se constituyó el 30 de noviembre de 2012 como un fideicomiso de administración y pago, mediante un contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente, Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito y la Institución de Banca de Desarrollo como fiduciarias; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como unidad responsable.
Los objetivos perseguidos por dicho Fideicomiso consistían en la impartición de talleres, conferencias y seminarios en materia de cultura en reducción de emisiones; la difusión de mecanismos para un Desarrollo Limpio (conocidos como MDL), asesoría para gestión de financiamientos por instituciones bancarias, entre otros.
No es sino hasta el 2015 que se tiene la primera auditoría externa, la cual no arroja observaciones sobre ejercicios indebidos, sin embargo, es de percatarse que el fondo opera con subejercicio, por lo que presentaba un superávit de recursos de otros años anteriores, junto con las aportaciones del gobierno federal del año fiscal en curso. Para los años subsecuentes la situación es similar, a excepción del 2017 en donde se transparenta el padrón de beneficiarios con sus montos, así como las convocatorias nacionales para proyectos operativos de mitigación y adaptación al cambio climático para efecto de ser instrumentados.
Quizá uno de los aspectos más preocupantes es que las reglas de operación entraron en vigor en noviembre del 2018, seis años después de dar inicio formal del Fideicomiso, significando una ausencia de tiempo considerable, que en una auditoría de procesos puede significar observaciones considerables sobre la correcta ejecución de los recursos públicos. Por ende, se entiende en parte la justificación de la administración actual por atacar el grave problema endémico de la corrupción en el país, pero no es aceptable si no se agotan todos los procedimientos de auditoría y denuncias por responsabilidad civil en el caso de encontrarse malos manejos por funcionarios o exfuncionarios, porque sino se seguirá repitiendo sistemáticamente el que «paguen justos por pecadores».
