Los programas de verificación vehicular y su percepción social

Decisiones.- La contaminación atmosférica se ha convertido en un verdadero problema de salud pública para los gobiernos en cualquiera de sus niveles, debido a las enormes complejidades que conlleva el implementar estrategias eficientes y eficaces que incidan en beneficios tangibles como lo es mantener un aire limpio para la población. Por ende, una de las estrategias que se han implementado en ciertas regiones del país son los programas de verificación vehicular.

El origen mismo de dichos programas puede resultar en cierta forma impreciso , debido a que su primer antecedente data a finales de la década de los setentas cuando se creó el Programa Coordinado para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México, de la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental que tenía como uno de sus fines la inspección periódica de los automóviles privados y de las unidades de transporte público para condicionar los límites permisibles en materia de emisiones mediante inspecciones anuales.

Posteriormente, dicho programa sufre modificaciones para ampliarlo a la obligatoriedad de vehículos particulares con la instalación de casi 800 centros de verificación que regulaban un parque vehicular de 2.7 millones de unidades. Ya a inicios de la década de los noventas, se procedió a su obligatoriedad con el uso de la tecnología BAR 90. 

Al día de hoy, conforme a lo reportado por la SEMARNAT, existen a nivel nacional 15 programas estatales y 6 programas municipales de verificación vehicular que operan actualmente. De estos programas, únicamente 11 son de orden estatal y dos municipales que incorporan la prueba dinámica, los demás utilizan solo la prueba estática (la cual no les permite medir la emisión de óxidos de nitrógeno).Sin embargo, dicho esfuerzo hasta la fecha ha sido insuficiente por la baja calidad de los hidrocarburos que alimentan los automotores.

Aunado a lo anterior, se ha gestado una mala percepción social fundamentada en la visión de que dichos programas atienden más a fines recaudatorios que ambientales, que son más propensos a esquemas de corrupción con la compra/falsificación de hologramas y los bajos candados de seguridad de los mismos, los posibles moches al interior de las unidades de verificación para aprobar vehículos que no cumplen con los máximos permisibles o carecen de catalizador, fallas en los software y en las pruebas dinámicas, la falta de infraestructura, entre otras acciones que se han desarrollado en el transcurso de cada programa y en cada contexto de las entidades que lo han implementado.

Como resultado de ésta vorágine de una política que ha sido creada y transformada sobre la marcha, para amplios sectores poblacionales les representa complicado confiar en la implementación de algunos programas de este tipo que tienen como fin último el verificar y validar las condiciones en las que se cuentan las unidades vehiculares en materia ambiental para que puedan realizar mantenimientos preventivos y correctivos que ayuden a emitir el mínimo de contaminantes a la atmósfera.