La Organización de los Estados Americanos desde 20153- define al Estado de Derecho como “la base de una administración equitativa de justicia y un requisito para las sociedades pacíficas”, mediante la cual, específicamente en el área ambiental, permite que las obligaciones ambientales, la igualdad ante la ley y la adhesión a los principios de equidad y rendición de cuentas sean respetados por todos. Es decir, se establece un piso parejo en materia de respeto a la ley y las consecuencias de transgredir la misma.
En nuestro país si bien el artículo cuarto constitucional tipifica el derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todos los que habitamos al interior del mismo, existe un gran abismo entre el marco legal existe que emana de dicho precepto y la práctica ejecutada por las instancias correspondientes en los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal). De ahí que el Índice del Estado de Derecho en México emitido por el World Justice Project (WJP) en su edición 2020-2021 establezca que el “cumplimiento de la normatividad ambiental es el área que representa mayores desafíos en todos los estados” y aquella que se aplica de forma menos efectiva.
Para el WJP el Estado de Derecho Ambiental presenta el principio universal de la rendición de cuentas, la aplicación de leyes justas, la implementación de un gobierno abierto y la ejecución de mecanismos accesibles e imparciales para resolver controversias.
Lo anterior enunciado, muestra que para la evaluación de los indicadores no sólo corrobora que los gobiernos a través de sus dependencias realicen su trabajo, además, que en la práctica las empresas y/o particulares cumplan con la normatividad, y; cuando éstas incurren en irregularidades, las autoridades las investiguen y sancionen conforme a la ley.
Existe un elemento fundamental que incide en el esquema de corrupción y permisividad sobre el cumplimiento de la norma ambiental a nivel general en el país: el mito de que una imposición estricta y efectiva limita la competitividad y el crecimiento, cuando se ha demostrado a través de diversos estudios que la implementación de un Estado de Derecho Ambiental puede atraer esquemas de inversión innovadores, abrir nuevos mercados, fomentar la tecnología y aumentar la productividad.
