PGH, de vida modesta a lujos y un posible enriquecimiento

Decisiones.- Paulo Gabriel Hernández, alcalde con licencia de Ocotlán y candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el Distrito 15, es investigado por enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco.

La denuncia fue presentada en el año 2018 y quedó bajo la carpeta de investigación 281/2018. Durante poco más de dos años, dicha Fiscalía le ha seguido la pista a Hernández porque su estilo de vida no concuerda con los ingresos que ha tenido como presidente municipal en los periodos 2015-2018 y 2018-2021.

Propiedades adquiridas por su “ex” familia política durante sus trienios

En estos casi seis años como primer edil ocotlense, Hernández, su “ex” esposa y “ex” suegro han comprado una serie de terrenos en el fraccionamiento Hacienda del Rincón, lugar donde habitan personas con mayor estatus económico del municipio, en su mayoría ex funcionarios públicos.

Escrituras obtenidas por Decisiones, revelan que Cirilo Godínez, Isela Godínez Díaz y Paulo Gabriel Hernández han adquirido propiedades en dicha colonia y en algunos casos los terrenos son continuos.

El hoy candidato a ocupar un curul en la Cámara de Diputados, el 15 de septiembre de 2017, compró en 181 mil 440 pesos, una propiedad con una superficie de 144 metros cuadrados, ubicada en la calle Hacienda Santa María, sin número.

En esa ocasión Hernández utilizó a Cirilo Godínez como gestor oficioso, término jurídico utilizado para una persona que cuida, administra bienes o realiza gestión o trámite a favor de otra persona para producirle un beneficio o evitarle un perjuicio.

Sin embargo, tanto Cirilo Godínez como Isela Godínez Díaz adquirieron otras propiedades entre el año 2015 y 2019, justo cuando Hernández se desempañaba como presidente.

El 30 de diciembre de 2015, Godínez compró en Hacienda Estipac, en la colonia antes mencionada, el lote urbano número 51 con una superficie de 144 metros cuadrados y con un costo de 190 mil 512 pesos.

Casi un mes después, es decir, el 27 de enero del 2016, el mismo Godínez compró por 153 mil 900 pesos el lote urbano ubicado en la calle Gorrión número 6, con una superficie de 144 metros cuadrados.

Para noviembre del 2016, adquirió por 250 mil pesos el lote siguiente marcado por el número 8 de la calle Gorrión con una superficie de 114 metros cuadrados.

Por último en la calle Hacienda El Refugio, compró por 143 mil 640 pesos el lote número 7 con una superficie de 108 metros cuadrados.

Mientras tanto, Isela Godínez Díaz, compró el 3 de marzo de 2019, dos terrenos seguidos en la calle Rincón de los Laureles, ambos con una superficie de 108 metros cuadrados y con un valor cada uno de 167 mil pesos, es decir, destinó 334 mil pesos de un solo golpe.

A pesar de que legalmente tanto Hernández como Godínez están divorciados desde el año 2017, ellos siguen siendo pareja y lo han hecho público en sus redes sociales, además en el 2020 fueron papás, pero adquieren sus bienes de manera individual.

Si bien todo fue comprado en terreno, algunas propiedades ya fueron construidas y convertidas en casas, por lo que su valor comercial aumentó.

Datos

Llama la atención que Godínez Díaz fue presidenta del Sistema DIF Ocotlán, un cargo que por su naturaleza es honorífico, no obstante, se encuentra en nómina del Gobierno Municipal y la Hacienda Municipal eroga quincenalmente 10 mil pesos para su sueldo.

Quiere decir que en estos poco más de cinco años ha obtenido ingresos por un millón 440 mil pesos. Pero si le restamos el total que costó sus propiedades y su Toyota Highlander modelo 2015 con un valor comercial de 298 mil pesos, le quedaron 808 mil pesos, y si lo dividimos, al mes tenía para sus gastos 11 mil 222 pesos.

Otro punto para destacar es que Hernández dejó de vivir en la colonia El Rosario como acostumbraba antes de ser alcalde, cuando solamente era profesor de asignatura en el Centro Universitario de la Ciénega; ahora habita en uno de los terrenos antes mencionados de Hacienda del Rincón.

Señalamientos

Este medio de comunicación platicó con personas que han testificado en la investigación que lleva la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, los cuales explicaron que Hernández a través de Cirilo Godínez adquirió un terreno de cuatro hectáreas al señor Pedro Delgadillo.

Dicho predio está ubicado en la carretera Ocotlán-San Martín de Zula antes de llegar a Expo Eventos Ocotlán. Paulo Hernández negoció con Delgadillo la compra del terreno con un costo de ocho millones de pesos, no obstante, quien posteriormente pagó en efectivo fue Cirilo Godínez.

También se le señala la compra de, al menos, 10 automóviles clásicos los cuales ha mandado a arreglar en diversos talleres del municipio.

De profesor universitario a alcalde y ahora… ¿empresario?

De acuerdo con el portal de transparencia del Gobierno de Ocotlán, Paulo Hernández declaró que el 12 de marzo de 2018 recibió 200 mil pesos por actividades industriales, empresariales o comerciales, sin especificar a razón de qué recibió ese dinero.

En contraparte desde el 6 de marzo de 2017, es el socio mayoritario de la empresa “Productos Pecuarios La Pareja SRL de RL de CV” dando fe el notario José Miguel Sánchez López, esto según el Registro de Comercio (RPC).

La empresa inició con un capital de 10 mil pesos. Si la cantidad de la declaración patrimonial es verdadera, en tan sólo un año la empresa ya le había dado a Hernández 200 mil pesos de ganancia, más lo que le corresponde a sus otros socios y el recurso de reinversión para la operación de la empresa.

Entre los socios están:

• Paulo Gabriel Hernández como tesorero.
• Liliana del Rocío Ramírez Sahagún como presidente.
• Juan Edgar Aguilar Hernández como secretario.
• José Luis Ramírez Oregel como vocal.
• de los Ángeles Sahagún Flores como vocal.

La firma tiene 38 objetos, según el documento de la RPC, entre los que destacan la producción, desarrollo, comercialización, cría y engorda de cerdo así como la producción de alimentos frescos, producción, comercialización de maíz, sorgo, trigo, frutales, forraje, semillas, fertilizantes, insecticidas, maquinaria y equipo agrícola, transporte, ganadería y agricultura.

También al almacenamiento y venta en común de la producción individual de sus socios o la compra-venta de bienes muebles e inmuebles, rústicos o urbanos, para hacer posibles los objetivos de la sociedad y todas las actividades que tiendan al mejoramiento económico, social, cultural, recreativo, de desarrollo y de integración de los beneficiados.

Dentro de estos 38 objetos los socios dejan muy claro que esta empresa podrá tener diversas formas para sostenerse aunque se enfoca en áreas agropecuarias. Sin embargo, una empresa que se dedica a este tipo de actividades no suele iniciar con un capital de 10 mil pesos como fue el caso de esta empresa.

Uno de los vocales e inversionistas de esta empresa además fue contratista del ayuntamiento de Ocotlán durante 2017; además de director de Obras Públicas y posteriormente director general de Infraestructura y Servicios en la administración del 2007-2009.

Conflicto de interés con un socio comercial

Hernández además de contar con una empresa le dio a uno de sus socios obra pública durante 2017 y 2018. En total a José Luis Ramírez Oregel le otorgaron dos millones 728 mil 627 pesos para realizar tres obras.

La primera fue reconstruir el colector sanitario de la calle Graciano Sánchez; la segunda, reconstruir el drenaje de la calle Ramón Corona en la colonia Mascota y finalmente reconstruir el drenaje de la calle Santos Degollado en la colonia Florida.

Esta situación genera la posible comisión de un delito debido a que Hernández no debió votar a favor de entregar estas obras a su socio comercial, pero las obras se autorizaron sin explicar que había algún motivo de fuerza mayor.

Este delito se llama Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades y está enmarcado en el artículo 152 del código penal de Jalisco. Esta falta se da entre otros supuestos cuando un servidor público otorga por sí o terceras personas a su favor contratos en beneficio propio o de sus socios.

Por otra parte, la investigación que corre a cuenta de la Fiscalía tendrá que encontrar las posibles adquisiciones ilícitas que realizó Hernández a través de su “ex” familia política o incluso alguna otra personas.

La ley es clara, según el artículo 153 de cuando un servidor público aumente sustancialmente su patrimonio, adquiera bienes o se conduzca como dueño de ellos y no pueda justificar su proceder lícito, es decir con sus sueldos o ganancias de actividades empresariales lícitas comete este delito el cual tiene una pena de tres meses a diez años de prisión o una multa que podría llegar a los doscientos días de salario mínimo además del decomiso de los bienes obtenidos de manera ilegal.

¿Cómo podrá su “ex” familia política y él demostrar que tienen la capacidad de pagar un terreno de ocho millones de pesos