México

Certámenes de belleza, a un paso de no contar con patrocinio de gobiernos

Iniciativa busca prohibir patrocinios gubernamentales.

Decisiones.-  Los certámenes de belleza ya no tendrán inversión de servidores e instituciones públicas. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una iniciativa presentada por las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Frida Alejandra Esparza Márquez y Guadalupe Almaguer Pardo.

Se añaden los términos de violencia simbólica, obstétrica, política y mediática. Se prohíbe a los funcionarios públicos y a las instituciones de gobierno dar subsidios a la realización de eventos que se considere violencia simbólica, lo que incluye los concursos de belleza.

La iniciativa define la violencia simbólica como: “Expresión, emisión o difusión por cualquier medio,  ya sea en el ámbito público o privado, discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmiten. reproducen, justifican o naturalizan la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad”.

La diputada Frida Esparza, en entrevista para Decisiones, informó que la violencia simbólica es la base de otros tipo de violencia hacia la mujer.

“El reconocimiento de la violencia simbólica, te permite darte cuenta que esta violencia es la base de todas las demás, porque la violencia simbólica genera esta idea que la mujer, tiene una posición jerárquica inferior frente al hombre”, explicó.

Al igual, expresó que aumentar las penas contra feminicidas y por otros delitos contra la mujer, no son una solución a largo plazo: “(Con la iniciativa) podemos empezar a atacar el problema de los feminicidios, de los secuestros,  de las violencias contra las mujeres, desde la raíz […] Estás aumentando los castigos y no te estás fijando porque se están sucediendo todas estas problemáticas que vienen de fondo […] tienes que cambiar la idea de que las mujeres son un objeto”.

La Real Academia Española, define cosificar como: “Reducir a la condición de cosa a una persona”. La iniciativa, pretende que el gobierno no patrocine eventos donde se cosifique a las mujeres, como los certámenes de belleza.

Márquez informó que los concursos de belleza no son los únicos eventos que el gobierno dejaría de patrocinar. Considera que se pueden tener otras alternativas para obtener la derrama económica que los concursos de belleza dejan al Estado. Uno de los concursos de belleza patrocinados por instituciones públicas es  Miss México.

La iniciativa estipula que el gobierno no podrá patrocinar “concursos, certámenes,  elecciones, competencias y cualquier otro tipo de eventos que promuevan estereotipos de género y con base en los mismos, evalúen de forma integral o parcial la apariencia física de las mujeres,  niñas y adolescentes”.

Sanción a servidores públicos

Márquez resaltó que la Secretaría de Gobernación, en trabajo en conjunto con los municipios, son los responsables de vigilar que no se dé recurso público a estos eventos. Igual, un ciudadano podría denunciar si sabe sobre patrocinios del gobierno a concursos de belleza o similares.

Se sancionará a los servidores públicos que patrocinen eventos que cosifiquen a las mujeres. Se calificaría como delito de desvío de recursos (peculado)  si un servidor público da dinero a los eventos.

“Sobre todo a los presidentes municipales, quienes apoyan estas ferias de manera más local. Con apoyo de espacios públicos, publicidad, a veces el mismo gobernador va estos mismos eventos donde se corona a la reina o los presidentes municipales”, relató.

También informó que Jalisco es uno de los municipios donde se ve más esta práctica, junto con Oaxaca, Tabasco y Zacatecas.

No se sancionará a las mujeres que participen en concurso de belleza o similares.  Tampoco a la inversión privada que los realice.

Definición de otras violencias contra las mujeres

En el dictamen se agregan las definiciones de violencia mediática, violencia política de género y violencia obstétrica.

La violencia política se define como las acciones que atenten contra candidatas, precandidatas o funcionarias públicas, que causen daños físicos, psicológicos y sexuales, en contra de ellas y sus familias. Esto, con el objetivo de perjudicar o anular el reconocimiento y ejercicio de sus derechos políticos.

La violencia mediática es “La expresión a través de cualquier medio de comunicación, de contenidos de qué manera directa o indirecta,  promueven estereotipos de género así como la humillación,  explotación degradación,  desigualdad, discriminación o cualquier forma de violencia contra las mujeres.”

Por último, se le considera violencia obstétrica a las acciones u omisiones por parte del personal médico y administrativo del Sistema Nacional de Salud que dañe física o psicológicamente a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio y que pueda terminar en la muerte de la madre o del feto.

Importancia de definir 

“Cuando tú no tienes una definición en la ley,  sea cual sea el tema,  no lo puedes identificar en la práctica […] difícilmente puedes   apelar a un tema de hacerse justicia o de que se no se violenten sus derechos humanos,  o de que no se te revictimice porque no está en la ley […] sino viene una definición clara, entonces tú lo dejas a la interpretación de cada uno. Cuando pones esta definición en la ley, es lo que le dice la ley”, indicó la legisladora perredista.

La violencia política no está tipificada y no se sanciona, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Al igual, Márquez puntualizó que, una vez definida estas violencias, el Estado puede realizar un diagnóstico de cómo y dónde se presentan, para  atacar las causas y evitarlas en un futuro.

Normalización de la violencia contra la mujer

“No todo el trabajo está en la ley. Con una ley no vas a cambiar la mentalidad a una persona, pero es el esqueleto que mantiene la sociedad. Entonces, cuando tú cambias la ley, las estructuras se tienen que mover y se tienen que adaptar”, resaltó.

Actualmente, en materia de género, en México existe la Ley Olimpia, que castiga hasta con seis años de cárcel a quien difunda material sexual digital sin consentimiento. Además  de la Ley Ingrid, la cual protege los datos de víctimas para evitar filtraciones de imágenes, audios o videos de  hallazgos y evidencias de un acto delictivo.

La iniciativa fue aprobada con 444 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, el 3 de febrero de 2021.

El diputado por el Distrito 15, Absalón García, votó a favor. Las modificaciones aún deben ser aprobadas por el Senado

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Mayra Toledo

Periodista en formación por el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara.

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