Temaca: crónica de una muerte anunciada

Decisiones.- En las últimas décadas los recursos hídricos se han posicionado en la palestra de la discusión entre gobierno, población y organizaciones con el objetivo de encontrar nuevas alternativas para eliminar la escasez del agua que afecta directamente a cerca de una quinta parte de la población mundial (aproximadamente mil 200 millones de personas), otras 500 millones que se aproximan a esta situación y mil 600 millones que se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos, con base en los datos del PNUD, 2006. Es decir, casi tres quintas partes de la población mundial padecen alguna carencia de este vital líquido.

Con base en lo anterior diversos estudios como el de Jordan 1988, Cohen 2009, entre otros, han demostrado que las nuevas guerras serán por el agua, tornándose cruentas y perjudiciales para la sostenibilidad de la paz mundial.

Dentro de nuestro entorno local inmediato, desde los años 50´s se ha gestado un conflicto hídrico de gran alcance que nació con el proyecto de construcción de la presa La Zurda Calderón  y  que en nuestros días es representado a través del Proyecto El Zapotillo, el cual fue anunciado en el 2005 tras la cancelación del Proyecto de San Nicolás, en el Río Verde  (Milenio, 2017).

Como resultado de esta acción, diversos medios digitales e impresos como Milenio, El Economista, Excelsior, El Financiero, UDGTV entre otros empezaron a documentar el avance que ha tenido la construcción de la Presa, la cual pretende inundar los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; a través de sus reporteros y columnistas como Agustín del Castillo (con más de una treintena de artículos), Sonia Serrano y Violeta Meléndez, sólo por citar algunos.

Con el anuncio oficial realizado en el 2008, por el entonces gobernador Emilio González Márquez, el cual pretendía como propuesta a la CONAGUA, el aumento de la cortina de la presa en más de 100 m, comenzó la población a organizarse a través de sus colectivos como “Los hijos ausente de Temacapulín”, “Salvemos Temaca A.C.” entre otros , para la promoción de los primeros amparos determinados en los expedientes 2245/2008 y 2246/2008 turnados a la SCJN solicitando derechos de audiencia (Milenio, 2012).

Sin embargo, en el 2009, la CONAGUA emitió el fallo del proyecto a través de un Concurso Internacional, el cual fue adjudicado y ratificado al Consorcio español Abengoa (obteniendo su contrato en el 2011), pese al incremento de los reclamos de la población afectada, la cual hasta la fecha niega reubicarse de su lugar de origen, reclamando legítimamente sus derechos cooptados por un proyecto que apela a la desigualdad de la provisión de agua y las posibles alteraciones climatológicas en la parte norte de la entidad.

La evolución del proyecto y el comportamiento de las autoridades dentro de la zona afectada por las intervenciones propiciaron la generación de la Recomendación 35/2009 (Milenio, 2017), la cual no sería acatada por representar conflictos políticos y de interés entre los desarrolladores.

De ahí en adelante, otros actores intervendrían en los discursos en contra y a favor de la Presa, polarizando el debate y haciendo más ríspida la conciliación de los términos de referencia que propicien la protección hídrica de la zona sin la afectación exponencial de terceros, dentro de un marco de sustentabilidad.

Para el 2012, se emite la controversia 93/2012, la cual prohíbe los 105 m de altura; sin embargo, sale a la luz un convenio modificatorio para Abengoa bajo la anuencia de BANOBRAS con el objetivo de asegurar la realización de las obras.

Un año más tarde, después de la vorágine electoral, el ahora Gobernador Electo del Estado de Jalisco, saldría a medios con la consigna de defender Temacapulín a través de las redes sociales. En ese misma fecha vuelve a modificarse el convenio del fideicomiso de construcción de la presa, ésta vez promovido por el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.

Ya en el 2014, el SIAPA anuncia una inversión multimillonaria por 2,500 millones de pesos para obras complementarias en el Zapotillo; sin embargo, en ese mismo año se tuvo que demoler la capa de la presa (representando el 0.1% de la cortina).

De igual forma, se consiguen vincular 5 juicios de amparo atraídos por la SCJN, mientras que las declaraciones públicas de los actores a favor y en contra se tornan cada vez más fuertes. Dentro de los que mostraron una posición a favor de la presa destacan el entonces diputado local Héctor Pizano, la COPARMEX, el entonces Secretario de Planeación y Finanzas, entre otros. Por otra parte, los que se mantuvieron en contra fueron los colectivos y el presidente municipal de Cañadas de Obregón (Milenio, 2014).

En ese mismo año se realizan los primeros levantamientos del estudio de la UNOPS, señalando las comunidades aledañas falta de consulta y la publicación de un estudio temprano que indicaría el aprovechamiento parcial del temporal de lluvias con una cortina de 80 m.

Durante el 2015, se promueve un recurso de revisión 229/2015 por el Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico en contra de la CONAGUA (Milenio, 2015), así como la causa 97/2015 para analizar los responsables ambientales y humanos de la megaobra.

En este período, Guanajuato comenzará a imponer presión a través de las declaraciones públicas del director de SAPAL en relación con la perforación de pozos porque no se garantiza el vital líquido y la solvencia económica del consorcio constructor.

En 2016 se ratifica la suspensión definitiva 1093/2014 emitida por el IV Tribunal en materia administrativa (Milenio, 2016), el presidente municipal de Guadalajara emite declaración pública en contra del proyecto (El Informador 2016), la bancada de MC solicita la revisión de la distribución de la presa, el SAPAL obtiene el permiso de ocupación de la vía pública por el lado del Estado de Guanajuato (Vilches, 2016), comienzan los primeros desalojos de las personas que aceptaron los pagos de indemnización (Milenio, 2016), el INAH establece que el 70 por ciento de las fincas de Temacapulín cuentan con valor patrimonial, se espera la conclusión del estudio de la UNOPS, entre otras acciones que posicionaron a las comunidades afectadas dentro del debate local y nacional.

En el presente año, Abengoa corre el riesgo de insolvencia financiera que lo ha orillado a vender el 80% del proyecto a Prana Capital (Reuters, 2017), no se tiene aún un proyecto definido de reubicación de la población afectada que representa a más de mil habitantes, el trasvase generará más externalidades negativas, el estudio de la UNOPS debe ser analizado técnicamente a través de la deliberación pública, entre otros factores, como el del incipiente desplazamiento de una gran cantidad de trabajadores de la construcción en la presa durante los últimos meses; los cuales han derivado el crecimiento de la incertidumbre que representa el Zapotillo para conciliar los intereses público-privados.

El tiro de gracia fue dado el 29 de junio, con la declaración emitida por el Gobernador de Jalisco, que cita: “salvar Temacapulín ya no es una variable asequible, esta batalla no la perdieron solos, la perdimos juntos…no los voy a poner en riesgo, confío lo entenderán”.

Por ende, Zapotillo se convierte en un elemento que sale del orden común, aquel que pugna entre dos escenarios: la apelación a proyectos faraónicos no sustentables para el abastecimiento del agua a corto plazo versus la sostenibilidad de las cuencas y microcuencas a través de proyectos de recuperación que tienen resultados favorables a largo plazo.

Temaca, crónica de una muerte anunciada que se resiste a morir…