La conclusión de años complejos en materia ambiental para municipios anclados en dinámicas urbanas y rurales que convergen en la cotidianidad, como el caso de Ocotlán, significa una serie de retos que deben atenderse desde la escala local con el fin último de no repetir o tratar de inhibir las manifestaciones de alto impacto en el medio ambiente.
Por ello, el 2020 debe representar un año clave para modificar conductas y perspectivas de las autoridades, los tomadores de decisión y de la población en general que influyen significativamente en el entorno.
Entramos a una década con elementos que se contravienen, por un lado, tenemos iniciativas de ley que prohíben la utilización de bolsas de plástico, manifestaciones ciudadanas en contra del cambio climático, ejecución de proyectos con baja huella de carbono, el posicionamiento del Ejecutivo del Estado dentro de espacios globales como la COP25, entre otros. Mientras que, por el otro lado, el uso de pirotecnia en festividades, la ausencia de controles de verificación vehicular, las restricciones presupuestarias, la invasión de noticias internacionales por la provocación de macro-incendios en latitudes apartadas como Australia, la autorización de modificaciones a nivel nacional a los polígonos de áreas protegidas como Holbox, las megaobras que arrasan con zonas de altos servicios ecosistémicos (caso Tren Maya) entre otros.
De ahí que, como habitantes de la “aldea global” no debemos desvincular nuestro actuar de los impactos al medio ambiente que generemos, teniendo una mayor responsabilidad las autoridades que llevan el diseño y ejecución de las políticas públicas en la materia. Por ello, el 2020 debe ponernos a reflexionar del papel que jugamos y de las herramientas que han puesto de manifiesto nuestra gran deuda con el entorno, para exigir y aplicar desde lo local las modificaciones adecuadas.
