Exige Castañeda a la SEDATU poner fin al problema agrario que viven comunidades indígenas de Jalisco

• Pese a que el Tribunal Agrario ha emitido su sentencia a favor de la comunidad indígena, la SEDATU no ha cumplido.

Decisiones.- La omisión de las instituciones federales y estatales frente al conflicto territorial que existe entre la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y ganaderos de Nayarit, orilló al consejo wixarika a tomar la decisión histórica de prohibir el paso de las autoridades electorales a su territorio durante estos comicios, excluyendo así su indispensable participación en este proceso democrático.

Pese a que el Tribunal Agrario ha emitido su sentencia a favor de la comunidad indígena del norte de Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no ha cumplido con la restitución de los predios comunales en Huajimic, y el Gobierno de Jalisco y de Nayarit se han cruzado de brazos y no han garantizado la seguridad y la paz de cientos de familias que sólo exigen respeto a sus tierras y sus derechos.

A través de un comunicado el candidato de la coalición “Por México al Frente” al senado de la república, Clemente Castañeda, exige la atención pronta y justa de las autoridades federales y estatales, quienes han hecho caso omiso o han realizado acciones paliativas que no atienden el problema de fondo.

Castañeda señaló que desde el Congreso Federal, en junio de 2017, lograron la aprobación de un punto de acuerdo de urgente resolución para que la SEDATU acelerara el proceso de restitución de tierras y para que ambos gobiernos estatales brindaran seguridad en la zona. Pero no pasó nada.

“Ante la falta de atención al tema por parte de las autoridades, presentamos otro punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación su intervención para garantizar la seguridad de las comunidades. Y, además, insistimos al Gobierno de Jalisco el esclarecimiento de los homicidios de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez, líderes indígenas que luchaban por la restitución de sus tierras”, indicó.

La atención omisa del estado ante un problema que ha crecido durante décadas, orilló a la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán a colocar cuatro retenes para impedir el ingreso de candidatos, de material electoral y de propaganda, y en última instancia, de personal y enseres del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, reportó el periódico Milenio Jalisco.

Sólo retirarán los cuatro puestos de vigilancia en Wuaut+a, si se cumplen las demandas del consejo wirarika.

“Hoy, frente a un proceso electoral tan importante como éste, exigimos lo que legalmente le corresponde hacer a la SEDATU, restituir las tierras al pueblo wirarika del norte del estado”, señaló.

“Al Gobierno de Jalisco y de Nayarit, demandamos que garanticen de una vez por todas, la seguridad y paz de la zona, que ha sufrido acoso, presiones, despojo y desaparición forzada de miembros de su comunidad”, puntualizó.

Frente a este problema, la deuda histórica del estado mexicano con los pueblos indígenas parece una brecha que se amplía cada vez más. Los pueblos originarios son los que menos voz tienen en voz. México, Jalisco y Nayarit no se pueden concebir como estado democrático si no defienden y procuran la participación de las comunidades indígenas.