Por cuarta vez posponen audiencia de ex policías de Ocotlán acusados de desaparición forzada

Decisiones.- Por cuarta ocasión el Juez de Control y Enjuiciamiento Oral difiere el desarrollo de la audiencia de etapa intermedio en el proceso penal en contra de dos ex policías municipales de Ocotlán por la desaparición forzada de cuatro hermanos detenidos arbitrariamente y posteriormente desaparecidos, informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C (Cepad).

Según el organismo de la sociedad civil, el arresto y posterior desaparición de José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Avalos Camarena, y Oswaldo Javier Avalos Camarena sucedió el 19 de diciembre de 2019.

El proceso penal comenzó el 17 de abril de 2021 con la vinculación a proceso de dos de cinco ex policías que se consideran probables responsables de la desaparición de los cuatro hermanos Camarena, se ha desarrollado de manera lenta debido a las múltiples acciones llevadas a cabo por sus abogados defensores, que parece ser que tienen como objetivo dilatar el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia y obstaculizar la continuación del procedimiento penal.

Cabe señalar que dicha audiencia es fundamental para el análisis de las pruebas que sostienen la acusación de la Fiscalía del Estado de Jalisco en contra de los dos probables responsables.

“Esto ha prolongado e intensificado el dolor y angustia de la familia Camarena, quienes observan con preocupación e incertidumbre la posibilidad de que las autoridades garanticen su derecho a la justicia. Desde octubre de 2022, mediante solicitudes de cambio de fechas de la audiencia, se ha congelado por completo el avance de la etapa intermedia del proceso. En ese sentido, todavía en 2022 se intentó reprogramar la audiencia designando las fechas del 14 de octubre y 8 de diciembre, así como en 2023 el 23 de febrero y 12 de abril”, se lee en el comunicado publicado por la Cepad.

“Para avisar sobre el cambio de fecha de la audiencia programada para el 12 de abril, personal del Juzgado de Control y Oralidad con sede en Ocotlán, vía telefónica informó al Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) un día antes de la audiencia prevista que los abogados defensores de los ex policías se negaron a presentarse en la fecha programada bajo el argumento de que no fueron legalmente notificados de la misma. En respuesta dicho Juzgado programó como nueva fecha para la audiencia el 10 de mayo de 2023, posponiendo un mes más el proceso”, mencionan.

A la Cepad le preocupa el rol del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y en lo particular del Juzgado de Control y Oralidad con sede en Ocotlán durante este procedimiento penal, debido a su falta de impulso para que se lleve a cabo la etapa intermedia de manera pronta y expedita, tomando así una postura pasiva y despreocupada ante las prácticas dilatorias en impartición de justicia. Cabe señalar que estas acciones de alargar discrecionalmente el proceso penal no son una situación aislada, debido a que ocurren en un contexto de impunidad más amplio en el estado de Jalisco. La cancelación de audiencias por parte del Poder Judicial se ha convertido en una práctica común y generalizada que retrasa de manera indefinida el acceso a la justicia y que resulta violatoria a los derechos humanos y derechos de las víctimas.

Lo anterior se suma a otras irregularidades ya señaladas de manera pública , como la pérdida de documentos proporcionados por el Cepad en calidad de asesores jurídicos de la familia Camarena y que la designación de la audiencia es en el día de las madres, fecha en la que familiares de personas desaparecidas realizan marchas y protestas para exigir la presentación con vida de sus seres queridos, así como la garantía de sus derechos a la verdad y a la justicia, demostrando un alto grado de insensibilidad e indolencia de parte del Juzgado.

La Cepad en conjunto con la familia de los hermanos Camarena solicitan al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y particularmente al Juzgado de Control y Oralidad con sede en Ocotlán, que generen las medidas necesarias para que celebre la audiencia de manera oportuna y expedita, evitando que se siga prolongando indefinidamente el proceso penal. Además exigimos que cesen las malas prácticas que han sucedido durante el desarrollo del proceso penal, a fin de que sean garantizados los principios de concentración, continuidad y del debido proceso, tal como lo contempla la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, así como el respeto de los derechos humanos y derechos de las víctimas.