Recursos que no se demostraron en obra pública.
Decisiones.- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), publicó un desfalco realizado por la anterior administración del municipio de Jamay por alrededor de 21 millones de pesos debido a que no se demostraron en recursos de obra pública.
Ahora el Congreso del Estado tendrá que revisar dicho desfalco y en su caso llamar a cuentas al ex alcalde panista Agustín Velasco Sahagún; y al ex encargado de la Hacienda Municipal, Gerardo Jiménez Velasco, quienes son requeridos por la auditoría por inconsistencias señaladas en el ejercicio del gasto público del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.
Se trata de 20 millones 86 mil 383 pesos que se derivan de la falta de comprobación de gastos, es decir un faltante de 13 millones 334 mil 450.52 pesos; por lo que se refiere a la obra pública, se señalan cargos por 4 millones 517 mil 832.15 pesos con recursos “propios el ayuntamiento”.
Igualmente, se hizo un cargo por 2 millones 234 mil 100.68 pesos por concepto de obras públicas ejercidas con recursos del ramo 33.
“Se comunica lo anterior al H. Congreso del Estado, por conducto de la comisión de vigilancia, para que determine la responsabilidad pecuniaria y se eleve a la categoría de crédito fiscal y en consecuencia, el encargado de la hacienda municipal del ayuntamiento de Jamay lo haga efectivo por medio del procedimiento administrativo que fija la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco”.
Asimismo, la auditoría señala en el cuerpo del dictamen que en tanto no se satisfaga el crédito fiscal grabado por el desfalco de la anterior administración municipal panista a cargo de Agustín Velasco, no podrá la autoridad municipal realizar contrataciones de profesionales que no reúnan los requisitos señalados por la misma ley, así como abstenerse de realizar “cualquier operación de crédito público para financiar el gasto corriente.
El dictamen fue firmado por Alonso Godoy Pelayo en su calidad de auditor superior del estado de Jalisco en el documento con el número de oficio 6352/2015.
Cabe recalcar que este desfalco no corresponde a la actual administración sino a la anterior, algo por lo que podrían hacerse no sólo daños a las finanzas del ayuntamiento, son que incluso derivaría en acciones penales en contra de los señalados funcionarios, en caso de no dar respuesta a la deuda ahora indicada como un requerimiento de pago al elevarse a categoría de crédito fiscal.
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