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Jalisco incorpora perspectiva de la niñez en Código de Ética

El acuerdo fortalecerá la protección integral de las infancias desde el servicio público.

Decisiones.- Jalisco da un paso histórico en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

La Contraloría del Estado firmó una alianza estratégica con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Jalisco y UNICEF México.

El acuerdo fortalecerá la protección integral de las infancias desde el servicio público y permitirá reformar el Código de Ética e Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal.

Como resultado, el documento incorporará la perspectiva de la niñez en las decisiones y acciones de quienes laboran en el Poder Ejecutivo. Esta medida será inédita en México.

La contralora del Estado, María Teresa Brito Serrano, destacó que el trabajo conjunto servirá como base para concretar la reforma al Código de Ética.

«Esta ha sido una disposición impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro para consolidar una cultura institucional basada en la no discriminación, la transparencia, la integridad y, especialmente, la protección de la niñez», afirmó.

Además, Brito Serrano subrayó que la iniciativa busca garantizar que las personas servidoras públicas consideren siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Jalisco, referente nacional

Por su parte, Eduardo Lugo Nolasco, representante de UNICEF México en la Región Bajío, aseguró que Jalisco se convierte en un referente nacional en materia de ética pública con enfoque en la protección de las infancias.

Explicó que incorporar los derechos, necesidades y características de la niñez en la actuación cotidiana de los servidores públicos representa un avance innovador para garantizar sus derechos.

Mientras tanto, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Jalisco, Thais Loera Ochoa, afirmó que la protección de niñas, niños y adolescentes debe orientar todas las acciones del Estado.

Asimismo, señaló que esta responsabilidad no corresponde únicamente a unas cuantas instituciones, sino que debe asumirse de manera conjunta por todo el gobierno.

«Fortalecer el actuar de las personas servidoras públicas con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes no es un asunto accesorio. Es indispensable para construir instituciones más justas, humanas y responsables», expresó.

Finalmente, la alianza impulsará acciones de coordinación institucional, programas de capacitación, actividades de sensibilización y difusión, además de fomentar buenas prácticas con enfoque de derechos humanos y el interés superior de la niñez.

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