9 miembros de la comunidad de Mezcala fueron absueltos de delitos.
Poncitlán, Jalisco, 17 de noviembre (Decisiones).- Por medio de una rueda de prensa realizada en Guadalajara, la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción junto con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), dieron a conocer la resolución que absuelve a 9 integrantes de la comunidad por delitos que presuntamente fueron fabricados en su contra por autoridades judiciales de Poncitlán y Ocotlán.
Según el comunicado de la rueda de prensa emitido por el CEPAD, el 6 de noviembre de 2015, los magistrados de la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Manuel Higinio Ramiro Ramos, Celso Rodríguez González y Estaban de la Asunción Robles Chávez, absolvieron del delito de daño en las cosas a los integrantes de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción.
En 2011 Guillermo Moreno Ibarra, junto con Crescenciano Santana, interpusieron las denuncias ante la Agente del Ministerio Público, de Poncitlán, Lucero Moreno Murguía, por el delito de robo de un panel solar, panel que fue retirado por los miembros de la comunidad tras ser instalado en parte de la zona comunal por sin autorización de la asamblea Coca, el panel obstruía el fluido de agua a Mezcala y San Juan Tecomatlán, motivo por el que los comuneros decidieron retirarlo.
El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal del Sexto Partido Judicial con sede en Ocotlán, Oscar Martín Morales Vázquez sentenció a los comuneros a penas privativas de la libertad y al pago de la reparación del daño, avalando irregularidades que se hicieron cuando Moreno Murguía llevó el caso en Poncitlán.
El juicio violentó varios derechos de los comunero y se realizó entre irregularidades como la violación al debido proceso, la falta del derecho de audiencia, además se violó la seguridad jurídica y personal de los acusados, se privó ilegalmente la libertad en contra de Rocío Moreno, una de las acusadas y quien es miembro de la comunidad, se omitió el protocolo para los casos donde se involucran personas, comunidades y pueblos indígenas y se violó la aplicación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos indígenas de los que el Estado Mexicano es parte.
Los magistrados de la Sexta Sala señalaron las irregularidades de la ministra pública, Lucero Moreno Murguía, sin embargo, omitieron analizar el papel del Juez Penal, Oscar Martín Morales Vázquez, quién fue el responsable de someter a los comuneros a 4 años de un proceso injusto, a decir del mismo comunicado.
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