Presenta diputada Ruíz Moreno iniciativa para terminar con corrupción en el servidor público

• Los funcionarios que incurran o solapen actos de corrupción podrían ser inhabilitados hasta por siete años para ejercer cargos públicos.

Decisiones. -Con el objetivo de terminar la corrupción que impera en el servicio público, la diputada local por el Distrito 15, María del Refugio Ruíz Moreno, presentó en sesión ordinaria del Congreso de Jalisco, una iniciativa de reforma a diversas leyes del Estado para endurecer las sanciones a funcionarios que incurran o solapen actos de corrupción.

La propuesta se centra en la Modificación del Código Penal, de la Ley de servidores Públicos y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, todas del Estado de Jalisco, para incrementar la pena a funcionarios que incurran o solapen actos de corrupción, con inhabilitación hasta por siete años para ejercer cargos público en caso de ser encontrados culpables de actos de corrupción menores y hasta por 20 años, de forma inapelable, cuando se trate de delitos como cohecho, peculado, concusión, delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, o enriquecimiento ilícito.

Además se señala que, de ser encontrados culpables, los funcionarios públicos no podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del estado, de forma vitalicia, pues los delitos anteriormente descritos serían imprescriptibles.

La propuesta recalca que no se podrá otorgar ningún tipo de nombramiento o cargo público a persona que haya sido inhabilitada para el ejercicio de empleos por ser encontrada culpable de actos de corrupción:

«Los actos de corrupción lesionan permanentemente a las instituciones, los daños, en términos de credibilidad, son irreversibles, por ello debe combatirse en sentido piramidal con un enfoque amplio y multidisciplinario», señaló la diputada en sesión del Pleno.

Bajo este propósito, destacó Ruíz Moreno, se justifica y es un acto de responsabilidad establecer en nuestro sistema la denominada «muerte civil de los servidores públicos», y que consiste en que toda persona por un delito en materia de corrupción quede inhabilitada de trabajar en un cargo público por veinte años y además que los delitos concernientes a la corrupción nunca prescriban.

«Que nunca más un corrupto vuelva a trabajar para el estado, ya sea en el gobierno federal, estatal o municipal», dijo la diputada en tribuna. Por lo anterior, «Proponemos enfrentar y frenar a la corrupción con medidas legislativas contundentes entre ellas la inhabilitación permanente para el ejercicio de la función pública por corrupción», concluyó la legisladora.

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