Decisiones.- El municipio de Ocotlán, actualmente padece una grave crisis ecológica debido a la basura vertida en los cuerpos de agua que atraviesan y/o circundan su territorio, como lo son el lago de Chapala, río Zula, río Santiago, entre otros arroyos intermitentes, como lo determina el diagnóstico generado para la expedición del Reglamento de Ecología y Protección del Ambiente vigente.
Sin embargo, no sólo es la contaminación de estos cuerpos de agua el problema principal de los residuos, sino es la falta de gestión de su espacio principal de disposición final existente, localizado en la comunidad de San Juan Chico, el cual extraoficialmente comenzó a operar en el año 2002 para una vida útil de tres años, previa emisión del proyecto ejecutivo ingresado a la antes SEMADES en el 2001 por la empresa Montgomery Watson S.A de C.V. Faltando a dicha disposición técnica porque en el 2009 el gobierno municipal lo inauguró formalmente, privatizándolo unos meses después como lo señalan varios medios de comunicación locales.
Aunado a lo anterior, en enero del 2017, se recibió una clausura parcial por la PROEPA, quien es la instancia responsable a nivel estatal para regular estos espacios en Jalisco. Tal medida se dio a través del seguimiento a una denuncia ciudadana, debido al incumplimiento de diversas condiciones ambientales que inciden en el desequilibrio ecológico.
El caso de Ocotlán, es un ejemplo fehaciente de la situación prevaleciente en la mayoría de las localidades no metropolitanas en el país, en donde la creencia de instrumentos de gestión y una buena administración provocan repercusiones negativas para los gobiernos municipales, agravándose cuando los territorios presentan fragilidad ecológica por las características socio-territoriales que prevalecen.
Además, estamos inmersos en un crecimiento galopante de la generación de basura per cápita, ya sea de orden doméstico o industrial y la carencia de mecanismos de disposición final efectivos (ya sea por reciclaje, destrucción, entre otros), que propician falta de soluciones efectivas o aisladas que no tienen los impactos deseados.
Por ende, los residuos en el país a escala local no sólo representan un problema de consumo capitalista sino un grave problema de gestión que los gobiernos locales deben atender sobre la marcha, considerando que los modelos de vertederos a cielo abierto son insuficientes por demanda y por falta de regulación, presentándose casos ilícitos como el video que circula por redes sociales desde el 14 de julio, en donde se muestra a particulares bombeando supuestos lixiviados a los arroyos que llevan agua a las presas de San José del Valle y Nuevo Valle en el perímetro del relleno sanitario de Atotonilco el Alto, como lo dio a conocer el medio de comunicación donde escribo.
Poco a poco, los residuos se han transformado en uno de los problemas silenciosos a nivel mundial, presentando un fuerte desafío a los gobiernos locales debido a que en sus proyecciones de crecimiento dan lugar a que para el año 2025 será un 70 por ciento más de la cantidad presente. De continuar la tendencia el 40 por ciento del total seguirán siendo vertidos en espacios a cielo abierto no regulados e ilegales, como lo señala el Banco Mundial en su informe What a Waste (¡Qué desperdicio!), lanzado en el 2012.
A nivel nacional, según datos del INEGI 2011 y 2015, en el CNGMD existen dos mil 140 municipios de los dos mil 456 en el país que tienen servicios de recolección y disposición final, de los cuales sólo 486 cuentan con reglamentos que permiten su regulación conforme a la normatividad aplicable. Es decir, solo el 87 por ciento de los municipios cuentan con el servicio, mientras que un 13 por ciento, ya sea por omisión o por carencia de recursos, no cumplen con dicha responsabilidad conferida constitucionalmente. En cambio, de ese universo de dos mil 140, el 88 por ciento no han establecido las reglas del juego traducidas en reglamentos que incidan el asegurar la correcta ejecución de la operación y disposición final de los residuos.
Para el caso de Jalisco, sólo 102 municipios, que representa el 82 por ciento (nivel por debajo de la media nacional), cuentan con los servicios anteriormente descritos, mientras que el 80 por ciento de ese universo tienen la reglamentación adecuada (estando muy por encima de la media nacional en este rubro).
Ocotlán, al igual que otros municipios en el país tiene un asunto pendiente por resolver -y mucho por hacer- en la materia.
