Opinión

Suspensión del gasolinazo de febrero, una trampa

La suspensión del incremento a los combustibles programada para el mes de febrero es, sin duda, una trampa con varias implicaciones, entre ellas podemos decir: primero, el acuse de recibido de la “clase” gobernante del hartazgo social, del sentir popular más allá de un mal humor y de la cercanía de una incontinencia a la resistencia civil, ocasionalmente salpicadas de violencia sospechosamente selectiva. Segundo, la perversa estrategia para reconstruir la harapienta imagen del gobierno, principalmente del Ejecutivo, cada día más ajustada la percepción a su verdadera esencia. Sin embargo, esta medida será insuficiente para la enfermedad que han inducido a la nación, intentando sea terminal para su soberanía, esta es, la dependencia energética, que derivara invariablemente en la alimentaria, y con ello a un sometimiento irrestricto a intereses extranjeros.

Parte de la enfermedad son las omisiones y actos nocivos presentes en la elaboración y aprobación de la Ley de Egresos de la Federación, en la que se destina un monto notoriamente insuficiente para el desarrollo de infraestructura para la refinación del petróleo mexicano y la obtención de los combustibles necesarios para la movilidad social, y en cambio asignan cantidades mayores al INEGI siete mil millones 33 mil 704 pesos con 504 centavos, y al INE poco más de 15 mil millones de pesos, cuando este año no habrá censo, ni elecciones nacionales. En cambio, a PEMEX, para el área de proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, dentro de la que se encuentra el proceso de refinación de petróleo y combustibles únicamente se le asignaron un mil 432 millones 446 mil 820 pesos, pese a ser un área de suma relevancia para la autodeterminación de la nación, para el sostenimiento de su soberanía a través de la autonomía energética. Cabe puntualizar que el presupuesto de egresos de la Federación es propuesto por el Poder Ejecutivo, y puede ser modificado por el Poder Legislativo, precisamente, por la Cámara de Diputados, tal como lo establece el Artículo 74 fracción IV de nuestra Carta Magna.

La afectación a la soberanía nacional no se concreta a lo narrado en las líneas anteriores, sino que su anti-patriotismo los ha llevado a cancelar proyectos que se encontraban aprobados, presupuestados, con recursos asignados para su ejecución, e incluso iniciados los trabajos para su realización. Tal es el caso de la cancelación de la construcción de la refinería que se llamaría “Bicentenario”, para la que durante el año 2014 se asignó un presupuesto  por un monto de poco más de tres billones de pesos, misma que tendría la capacidad de procesar 250 mil barriles de petróleo tipo maya diarios, producto que al día 13 de enero de 2017 tenía un valor de mercado unitario de 45.70 dólares lo que al multiplicarlos por los barriles a producir nos arroja un ingreso diario por este concepto de 11 millones 425 mil dólares, lo que multiplicado por 365 días que tiene una anualidad, nos aporta la cantidad de poco más de cuatro billones de dólares, lo que al tipo de cambio del día diecinueve de enero de 2017, resulta la cantidad de casi 94 billones de pesos, y considerando que el proceso de extracción de cada barril oscila en promedio en los 23.00 dólares, el 50 por ciento de la cantidad que hemos señalado, resultaría ser utilidad para el erario nacional casi 47 billones de pesos, lo equivalente a 14.6 veces el presupuesto asignado para la refinería “Bicentenario” que fue extrañamente cancelada en perjuicio del interés nacional, y a favor del beneficio de las empresas extranjeras que nos venden los productos petroquímicos refinados. Cabe señalar que aquí no se cuantifica la pérdida monetaria por la falta del proceso de igual cantidad de barriles de diésel, y otros derivados, lo que agrava la consecuencia de tan lamentable decisión de cancelar la obra en cuestión.

Dicha cancelación ahora tiene una repercusión importante en los incrementos a los precios de los combustibles fósiles, que resultó en el incremento a una gran cantidad de productos y servicios básicos y con ello se da una afectación a la economía, patrimonio, y estabilidad social. Es por esto que el llamado a la unidad lanzado desesperadamente desde el sector partidista nacional es ilegítimo, falso, hipócrita, pues en sus actos, de forma sistemática han mostrado la voluntad de perjudicar a quienes juraron representar y proteger, ignorando el mandato constitucional, incurriendo en lo que sin duda es, traición a la patria.


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José Enrique Cervantes Soto

Abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, con Mención Honorifica. *Socio Fundador del Colegio de Abogados del Sistema de Métodos Alternos y Justicia Restaurativa del Estado de Jalisco A.C. *Socio Fundador del Despacho Cervantes-Jiménez *Director del Centro Privado de Métodos Alternos número 70 del Estado de Jalisco *Colaborador en el programa Doing Business en México 2016 del Banco Mundial *Abogado postulante en Notaria 1 Ocotlán. Jalisco.

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