Opinión

Somos el muro que no queríamos ser

Decisiones.- Seguramente lo escuchó en las noticias, lo vio en la televisión, lo leyó en algún periódico o, quizá, se enteró a través de sus redes sociales, con una publicación de Facebook o con un mensaje vía cadena de Whatsapp: es real, cuando usted o yo decidamos salir de la ciudad o del estado a bordo de unidades de transporte foráneo, necesitaremos presentar “por disposición del Gobierno Federal” documentos de identificación que acrediten a estas empresas que, quien está a punto de utilizar su servicio, es de nacionalidad mexicana.

Si bien, nos pareciera que la medida administrativa es oportuna, adecuada, justa e, incluso, pertinente en medio de un contexto de inseguridad y violencia, ésta, no responde a una acción que pretenda resguardar su seguridad o la mía. Por el contrario, dicha decisión vulnera y atenta contra mi derecho, su derecho y los derechos de todas las personas a transitar libremente por el país, según lo establece el artículo 11 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.

Le comparto que esta disposición no surge de manera fortuita y unilateral, lo hace en medio de las negociaciones que México y Estados Unidos han mantenido desde hace algunas semanas, para contener el paso de familias migrantes que recorren el país huyendo de la violencia, la pobreza y el despojo que viven en sus comunidades de origen.

En ese sentido, recordará que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a su homólogo en México, Andrés Manuel López Obrador, con imponer aranceles a los productos que se exportan hacia el país vecino del norte, sino encontraba la manera de frenar la migración que, desde octubre del año pasado, avanza en éxodo por México, desde Centroamérica y los países de la región del Caribe.

Resulta que sí la encontró, el Estado Mexicano decidió que familias migrantes compuestas por niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, hombres jóvenes, adultos, ancianos y miembros de la comunidad LGBTTTIQ, así como sus defensores, serían moneda de cambio en estos acuerdos que hace apenas un par de semanas fueron firmados.

Como parte de la ejecución de este plan, primero fuimos testigos de la detención arbitraria de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica, dos defensores de los derechos humanos de las personas migrantes, quien tras fincárseles falsos delitos fueron puestos en libertad al comprobarse su inocencia; después, presenciamos el despliegue de más de 6 mil elementos de la recién creada Guardia Nacional a la frontera sur y, con ellos, el surgimiento de redadas violentas y masivas, así como, la deportación de familias migrantes desde México.

Una vez más y contrario a los discursos del actual presidente de México, nos encontramos frente a la implementación de una política migratoria fincada bajo el principio de la seguridad nacional, la criminalización y la militarización de las fronteras; es decir, sin perspectiva del respeto a la vida, la integridad y el resguardo de los derechos humanos de las personas.

Yo me pregunto y le pregunto: ¿en cuántas ocasiones fuimos críticos con el gobierno de Estados Unidos por ejercer acciones como éstas en contra de los mexicanos que viven en territorio estadounidense o que buscaban llegar a éste?, ¿cuántas veces rechazamos o nos quejamos de los comentarios racistas y xenófobas hacia nuestros connacionales?, ¿cuántas veces dijimos NO AL MURO que Donald Trump afirmaba con razón “terminaríamos pagando”?, ¿cuántas veces aseguramos que no haríamos el trabajo sucio?, ¿cuántas veces dijimos predicar con el ejemplo?

Las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en México, Estados Unidos y Centroamérica, han denunciado que esta acción, evidentemente, no sólo busca obstaculizar el libre paso de los extranjeros que viajan sin documentación; sino que, además, pone en peligro el derecho a la libertad de tránsito de quienes habitan el país.

De esta manera, la disposición, faculta a las empresas privadas de transporte a ejercer acciones de control migratorio; que, habrá que precisar, hasta hace algunos meses, sólo la ostentaban por ley los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Por ello, aceptar que una empresa de transporte privado le solicite a usted, a mí o a cualquier persona su estatus migratorio, atenta contra todo derecho constitucional.

Con estas acciones, es evidente que el Estado mexicano ha apostado por una política migratoria a todas luces restrictiva y xenófoba, que no sólo le orillará a usted, a mí y a cualquier persona a mostrar sus documentos de identificación cuando aborde el autobús que previamente pagó en taquilla, sino que, obligará a miles de seres humanos a recorrer las zonas más peligrosas y clandestinas de este país, poniendo en riesgo su seguridad, integridad y vida.

¿En qué momento y quién decidió que una vida vale más que otra? Son estas políticas de contención las que nos han orillado absurdamente.

Con el mismo fin, el tren, La Bestia y los caminos que recorren la ruta migratoria están siendo militarizados para usted, para mí y para cualquier persona, por eso decimos que, aquello que alguna vez fue nombrado “la frontera vertical”, es el día de hoy: el gran muro de la vergüenza mexicano.

Las organizaciones de la sociedad civil, han hecho un llamado al Gobierno Federal a reconsiderar y a revocar esta medida; a cuestionarnos como sociedad, situaciones tan básicas como cuántas personas tienen en este momento una credencial de elector (INE) vigente; cuántas un pasaporte (menos del 10 por ciento de la población); y, cuántas una cédula profesional (sólo el uno por ciento).

Por lo tanto, esta disposición oficial, sentencian las organizaciones, además de atentar contra derechos constitucionales que deben sernos garantizados, excluye a millones de personas que también viven/llegan/transitan por México y que no cuentan con estos documentos: jornaleros agrícolas jóvenes; indígenas; inmigrantes con documentación migratoria; connacionales retornados o deportados que no tengan documentos de identidad y finalmente, a usted, a mí y a cualquier persona.

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Dalia Souza

Maestra en Gestión y Desarrollo Social; periodista y apasionada de la radio. Productora de los programas Rumbo Al Norte, especializado en migración, y Hasta Encontrarlos, enfocado en desapariciones; ambos transmitidos por Radio Universidad de Guadalajara, en sus estaciones regionales de Ocotlán y Lagos de Moreno, respectivamente. Reportera del medio digital ZonaDocs.

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