Opinión

La programación presupuestaria del doble discurso en México

Decisiones.- Con base en el diagnóstico emitido por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) mediante el inventario de Gases Efecto Invernadero 2015, se constató que nuestro país es el segundo mayor emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en América Latina, solo por detrás de Brasil, con un 1.4 por ciento del total a nivel mundial.

Por ende, desde hace años, se ha venido trabajando en un andamiaje institucional, presupuestario y normativo, que logre reforzar las políticas públicas en favor del medio ambiente, y, por consiguiente, en el combate al Cambio Climático.

Con base en lo anterior, México se convirtió en el primer país que elaboró y aplicó una Ley General de Cambio Climático (2012), la cual propone reducir en 50 por ciento, al 2050 las emisiones contaminantes respecto de las cuantificadas durante el año 2000. De igual forma, se han desarrollado tres estrategias nacionales que pretenden atender las recomendaciones del quinto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y los lineamientos de la Coalición Clima y Aire Limpio, como lo señala SEMARNAT dentro de sus políticas de operación anuales.

Para complejizar lo anterior, se ratificó el Acuerdo de París en el 2016, dentro del cual se establecieron las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) que entraron en vigor el año pasado, clasificadas en metas condicionadas y no condicionadas en materia de mitigación y adaptación (reducir el 40 por ciento sobre la línea base con un efecto combinado de 70 por ciento de carbono negro y otro 36 por ciento de GEI), siendo la primera nación en vías de desarrollo en presentarlas.

Por consiguiente: todas las acciones signadas por las administraciones federales durante las conferencias de las partes, así como en la Agenda Internacional, marcan una asignación presupuestaria bruta superior a los 120 mil millones de dólares, que deberán ejercerse estratégicamente antes del 2030.

Sin embargo, conforme pasa el tiempo, y con ello la generación de los nuevos ejercicios presupuestales anuales, la instancia responsable de coordinar las acciones en materia de Medio Ambiente, que es la SEMARNAT, ha sufrido de un decremento gradual en su asignación presupuestaria, como se demuestra en el siguiente gráfico:

El período 2013 al 2019 muestra una tendencia de casi una reducción superior al 200% entre el nivel más alto (año 2015) y el más bajo (2019), dentro de un contexto nacional altamente crítico al privilegiar proyectos de producción energética mediante carbón, el incremento del parque vehicular de autotanques, la ejecución de proyectos en áreas naturales protegidas, entre otros.

Al analizar algunos de los sub ramos presupuestarios más importantes durante el mismo periodo, muestran que, si bien han aumentado las asignaciones con relación a la infraestructura de agua potable y saneamiento, no lo ha sido así en materia de modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado o en los apoyos para el desarrollo forestal sustentable, como se muestra en la gráfica 2:

Con base en lo anterior, panorama a corto y mediano plazo es totalmente desalentador: si bien el presupuesto anual para la Secretaría ejecutora de la política ambiental es determinante, no se han establecido criterios para subsanar dichos faltantes o liberar mecanismos de financiamiento de orden internacional que incentiven la ejecución adecuada de los NDC, y, por consiguiente, el cumplimiento paulatino de los compromisos internacionales en la materia.

Nuevamente caemos en la lógica del doble discurso: aquella que busca de los reflectores, sin establecer rutas críticas o criterios técnicos de cabal cumplimiento. O peor aún, en la visión de una administración federal que privilegia el retornar a viejos esquemas energéticos sin apostarle a la exploración de tecnologías amigables con el medio ambiente, permeando en las decisiones de los gobiernos subnacionales.

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Inmaculada Ramírez Rojas

Se desempeña como Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Resiliencia del Gobierno de Zapopan. Durante la administración 2015 al 2018 del Gobierno de Guadalajara fue la Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Resiliencia. Estudió la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, la maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara y actualmente está en el posgrado de Administración y Políticas Públicas por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

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