Opinión

La lucha por el agua

Decisiones.- El agua no sólo es un derecho humano inalienable en el mundo, o propiedad de cualquier nación ya sea en forma profunda o superficial, o de utilidad pública; también es un recurso estratégico para los países, el cual puede asegurar la integridad o el desequilibrio de una región.

Las próximas guerras civiles serán por este vital líquido e incluso el desarrollo de diversos conflictos en el medio oriente vislumbran la gran relevancia del mismo para asegurar la paz, por ende, es menester de los gobiernos (en cualquiera de sus niveles) el proveer de andamiajes institucionales, políticas públicas, criterios tecnificados y recursos altamente focalizados para incentivar su preservación y saneamiento.

Para el caso de México, con base en el último estudio realizado por el Consejo Consultivo del Agua A.C. su distribución geográfica no coincide con el desarrollo demográfico del país debido a que en las predicciones realizadas para el 2030, el 81 por ciento de la población total se asentará en localidades urbanas, propiciando que más de cuatro quintas partes de ese crecimiento se lleguen a asentar en zonas donde existen un alto grado de presión sobre los recursos hídricos.

Si a este crecimiento exponencial adicionamos el grave factor de contaminación que ha originado una alta concentración superior al 20 por ciento en las aguas superficiales en todo el país, nos enfrentamos a un escenario en donde los beneficios de su aprovechamiento favorecen más a particulares y los perjuicios de no preservar con buena calidad las fuentes de abastecimiento se socializan, implicando con ello que comunidades locales aledañas a las fuentes sufran en materia de salud, economía y desarrollo.

Actualmente, se discute en la Cámara baja a través de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, un proyecto de ley que pretende modificar nuevamente las reglas del juego en la Ley de Aguas Nacionales, cuando se tiene un antecedente de cinco reformas realizadas durante los años 2004, 2011, 2013, 2014, 2016 que han impactado a más de 180 artículos desde su publicación en 1992 y no han resuelto los problemas latentes en la materia.

Ésta reforma, con base en la información disponible en medios de comunicación nacionales, dista mucho de modificar dichos patrones de conducta, a la vez que le da mayor “manga ancha” a los particulares para el usufructo de ese vital líquido y mayores concesiones en materia de descargas.

Aunado a lo anterior, además de la opacidad en la implementación de las faltas a los infractores que contaminan, se siguen contemplando exclusivamente medidas de orden administrativo para la reparación del daño, cuando las repercusiones medioambientales están por encima del carácter pecuniario, ya que la contaminación de mantos acuíferos de aguas nacionales y subnacionales ponen en peligro la fragilidad de las regiones en el país, atentan contra el desarrollo equilibrado de las poblaciones (muchas de ellas marginadas) y pueden representar un problema de seguridad nacional.

Esperemos que los legisladores rectifiquen y tecnifiquen las decisiones sobre el uso y manejo de este vital líquido y las implicaciones a largo plazo en las descargas, específicamente de aquellas procedentes de procesos industriales y/o productivos a gran escala.

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Inmaculada Ramírez Rojas

Se desempeña como Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Resiliencia del Gobierno de Zapopan. Durante la administración 2015 al 2018 del Gobierno de Guadalajara fue la Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Resiliencia. Estudió la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, la maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara y actualmente está en el posgrado de Administración y Políticas Públicas por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.

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