Decisiones.- El enfrentamiento sufrido en Puebla entre integrantes de las bases sociales más desfavorecidas tradicionalmente, unos enlistados en las filas del históricamente heroico Ejército Mexicano, y otros en las mediáticamente encumbradas organizaciones criminales.
Ambos bandos tienen un común denominador: sirven con sus vidas a quienes no les importa lo que sea de ellas. Es verdad que las imágenes que se publicaron son crudas, pero seguramente la muestra de una realidad copiosa a lo largo del país.
Se han endurecido las críticas contra los militares que participaron en los hechos ocurridos en Palmarito y en Quecholac (Puebla), claro, desde la comodidad que nos brinda la distancia, la ausencia de adrenalina de la vida jugada, el temor asomado en los ojos, acompañado de rabia. Observando la totalidad del video que indebidamente se filtró a los medios de comunicación, se puede observar que los militares fueron atacados en primera instancia y repelieron la agresión.
El asesinato de todo ser humano siempre será lamentable, pero no siempre es condenable, visto desde un estricto marco jurídico. Me permitiré plantear algunos supuestos que colocarán este suceso en una perspectiva diversa a la que se le ha dado en los medios de comunicación.
Si el miembro del ejército que comete la ejecución del presunto delincuente, que al parecer acostumbraba utilizar chalecos antibalas, portar armas, deambular de madrugada en autos con cristales polarizados, blindado, alega en su defensa que al momento de ocurrir los hechos se encontraba bajo la influencia de un trastorno transitorio y grave de la personalidad, producido por el ataque traicionero que sufrieron minutos antes por un detenido legalmente que les disparó por la espalda y asesinó a un compañero. O tener miedo grave, ante el ataque indiscriminado al que estaban siendo sometidos, esto quizá como causas de inimputabilidad.
Y qué pasa si alega inculpabilidad y señala que durante el evento tuvo temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en su persona o de alguien ligado a él por vínculos cercanos de parentesco, o por lazos de amor o amistad, motivado en el reconocimiento que de su persona hizo el detenido, quien era socialmente conocido por su actividad criminal violenta, y al amenazar este al activo y a personas de sus afectos con asesinarlas, previa tortura y ante la inminente posibilidad de en efecto ocurrieran tales perjuicios, los protegió eliminando la amenaza.
También puede justificarse argumentando que se encontraba en un estado de necesidad, ante la urgencia de salvaguardar bienes jurídicos propios y ajenos en un peligro real grave e inminente.
Qué postura tomaría la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) si se propusiera que se adscribiera a cada campo militar una visitaduría de dicha Comisión, para que se incorporarán a los operativos, y supervisarán el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos en cada intervención militar, esto para que tengan de primera fuente el contexto de los hechos.
En fin, lo realmente preocupante es que mientras nuestros vecinos del norte cada día nos inundan con más armamento y toman el control del comercio de narcóticos, acá seguimos sin entender que cada muerte de un connacional es perjudicial para todos, agiganta el espiral de violencia al trascender a las familias de las víctimas, al acrecentar el resentimiento social, el enojo existencial que tarde o temprano se materializa en perjuicio de todos.
Más allá de los motivos de quienes se enrolan en cualquiera de los bandos armados, ya sean oficiales o ilegales, lo preocupante es que sean los protagonistas de la vida pública de nuestra nación, porque eso ineludiblemente representa dolor, tristeza y desesperanza para las familias, para las nuevas generaciones. Entendamos que mientras México sufre las muertes, otras naciones se están quedando con el mando en el negocio del comercio de drogas.
