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Comuneros de Mezcala relatan en documental el proceso por defender sus tierras

  • La comunidad exige a las autoridades desahoguen ambas demandas con justicia.

Por: Marcelo Ramírez Herrera

Poncitlán, Jalisco, 3 de septiembre.- El trailer del documental “Mezcala territorio arrebatado”, el cual recoge los testimonios de la comunidad indígena Coca de Mezcala de la Asunción sobre el proceso jurídico que por poco más de 10 años han llevado por defender sus tierras, fue presentado.

Para la comunidad de Mezcala este documental es denominado “en defensa del territorio y la libertad de sus habitantes” debido a que durante este tiempo algunos habitantes han sido encarcelados.

Todo comenzó en el año de 1999, cuando el empresario Guillermo Moreno Ibarra llegó a la comunidad como presta nombre para después comprar ilegalmente un predio de 10 hectáreas que se encuentra dentro de una zona boscosa considerada como un espacio sagrado para la comunidad.

A partir de ese momento comenzó la disputa por la recuperación de sus tierras. La comunidad interpuso en 1999, una demanda ante el Tribunal Agrario Unitario.

Sin embargo Guillermo Moreno, también demandó algunos miembros de Mezcala, tal como lo refirió José Luis Claro, integrante de la Comunidad: “La comunidad empezó a llevar un juicio y en el 2002, él (Guillermo Moreno) lleva las primeras órdenes de aprehensión en contra de los comuneros o de las autoridades de Mezcala donde cada uno de los comuneros que fueron detenidos ilegalmente fueron acusados porque lo golpearon y cosas de ese estilo, hablamos que son personas de la tercera edad incapaces de agredir a una persona más joven, durante tres años llevan un proceso injusto en la cuestión legal para pagar las querellas de las órdenes de aprehensión”.

Con respecto a la demanda en el Tribunal, Claro mencionó: “En el 2008 el juicio agrario llega a grado de sentencia y en el 2009 este hombre compra a las autoridades, en ese entonces al presidente de Bienes Comunales y trunca el juicio a grado de sentencia”.

Ahora la comunidad indígena de Mezcala, en apoyo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), exige que las autoridades desahoguen con justicia ambos juicios.

 

➤BOLETÍN DE LA CEPAD

Guadalajara, Jalisco a 2 de septiembre de 2015

BOLETÍN DE PRENSA

La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción exige justicia para sus integrantes y la restitución de su territorio invadido

En 1999 el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó ilegalmente de diez hectáreas del territorio comunal y forestal de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Como respuesta, las autoridades tradicionales de la comunidad demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario la inmediata restitución de sus tierras. Sin embargo, la demanda fue infructuosa.

Hasta ahora, la falta de una resolución en su contra ha permitido a Moreno Ibarra continuar atentando contra el patrimonio territorial de la comunidad, ha desmontado área forestal y removido suelo para construir una gran mansión bordeada por una malla metálica electrificada, así como creado una brecha exclusiva para que circulen sus vehículos y ha desviado cauces de ríos, todo con la complacencia de las autoridades del municipio de Poncitlán, de la Comisión Nacional de Agua (CNA), de la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Procuraduría Agraria (PA), entre otras.

En el año 2011, al no recibir justicia por parte de las autoridades, la Asamblea de Comuneros de Mezcala ordenó desmontar un panel solar que Moreno Ibarra instaló en su territorio y dejarla a su disposición en la entrada de la Casa Comunal. Dicho panel alimentaba una bomba de agua que desviaba y retenía arroyos que las comunidades de Mezcala y San Juan Tecomatlán utilizaban para sus actividades agrícolas y ganaderas. Inmediatamente después Moreno Ibarra y su prestanombres, Crescenciano Santana, presentaron ante la Agente del Ministerio Público adscrita a Poncitlán, Jalisco, una denuncia penal por robo en contra de Rocío Moreno y cuatro integrantes más de la comunidad, quienes no fueron citados a la integración de la averiguación previa.

Con una indagatoria plagada de irregularidades por parte de la Agente del Ministerio Público, como son las violaciones a los derechos al debido proceso, y a la seguridad jurídica y personal, el expediente fue consignado al Juez Penal de Ocotlán, Oscar Martín Morales Vázquez, quien en lugar de analizar a detalle el expediente y advertir de las inconsistencias jurídicas por parte de la Agente del Ministerio Público giró, de manera irresponsable, ordenes de aprehensión en contra de Rocío Moreno y diez personas más. Los integrantes de la comunidad salieron libres bajo caución después de ser presentados y pagar una exorbitante fianza ante el Juez Penal de Ocotlán.

El pasado 27 de mayo, el mismo Juez dictó sentencia definitiva condenando de manera injusta a los miembros de la comunidad como responsables del delito de daño en las cosas a una pena de entre dos y tres años de prisión y al pago de una multa equivalente a 10 días de salario mínimo.

El día de hoy, fue presentada en Audiencia la apelación en contra de infundada e inmotivada sentencia, cuyos agravios versan sobre las violaciones cometidas al debido proceso y la no aplicación del Protocolo para los casos donde se involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, así como de los tratados y convenios internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Actualmente la causa penal de apelación se encuentra en la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

La Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción exige a los magistrados de la Sexta Sala que resuelvan aplicando la justicia para sus integrantes, y que, particularmente, implementen el Protocolo de actuación  para quienes imparten justicia en los casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, les solicitamos que ejerzan la facultad de interpretar la legislación local conforme a los derechos contemplados en normas e instrumentos internacionales y apliquen el principio pro persona en virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011.

Atentamente

Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)

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